La creación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) el 3 de julio de 1989 no fue simplemente un acto administrativo; representó un cambio de paradigma en la visión estratégica de Cuba. Al promulgarse la Ley No. 114, el Estado cubano reconoció que el agua no debía ser tratada como un recurso inagotable o de gestión dispersa, sino como el eje articulador de la seguridad alimentaria, el desarrollo industrial y la salud pública.
En aquel contexto de finales de los años 80, el mundo empezaba a comprender, aunque de forma incipiente, que el cambio climático y la presión demográfica pondrían en jaque la disponibilidad de agua dulce. Cuba, por su condición insular, siempre ha tenido una relación compleja con este recurso. La fragmentación que existía antes de 1989 impedía una visión integral: las obras de ingeniería, la protección de las cuencas y el suministro a la población estaban bajo diferentes jurisdicciones, lo que generaba ineficiencias críticas.
El INRH surgió para ser el «cerebro» del agua en la isla. Su misión principal fue centralizar la política hídrica, permitiendo que la planificación fuera coherente desde la construcción de grandes presas hasta la distribución capilar en las comunidades. Este paso fue vital porque permitió pasar de una gestión reactiva —que reparaba fugas o enfrentaba sequías de forma aislada— a una gestión proactiva basada en estudios técnicos, hidrológicos y de impacto ambiental.
A lo largo de las décadas posteriores, esta institución ha tenido que enfrentar desafíos monumentales, desde periodos de sequía prolongados hasta la necesidad de modernizar una infraestructura que, en muchos casos, ya mostraba el desgaste del tiempo. La centralización permitió, además, una mejor capacidad de respuesta ante eventos meteorológicos extremos, algo que en el Caribe es una cuestión de vida o muerte. La gestión del agua se convirtió, gracias a este marco legal, en un ejercicio de soberanía.
Hoy, al mirar hacia atrás, podemos ver que la Ley No. 114 sentó las bases para lo que hoy llamamos resiliencia hídrica. Sin una entidad rectora fuerte, la administración de los embalses, la protección de los acuíferos subterráneos y el control de la calidad del agua habrían sido imposibles de sostener bajo un criterio de equidad nacional. El legado de aquel 1989 es la comprensión de que el agua es un bien público que requiere una vigilancia científica constante y una voluntad política inquebrantable para asegurar que, tanto el presente como las futuras generaciones, tengan acceso a este recurso vital para la vida.
- Tres décadas de soberanía y gestión del agua en Cuba - 3 de julio de 2026
- El verdadero camino hacia una sociedad libre de drogas - 26 de junio de 2026
- El valor de educar desde la equidad y la diversidad - 21 de junio de 2026