El calendario marca 8 de junio, y en el aire de La Habana parece flotar todavía la solemnidad de un salón universitario de 1865. Aquel día, un joven de mirada firme y pensamiento lúcido, Ignacio Agramonte y Loynaz, se plantaba ante un tribunal exigente para defender su tesis sobre el derecho justinianeo. Lo que entonces era el ejercicio académico de un estudiante brillante, se convirtió, con el paso de los siglos, en el cimiento moral de quienes hoy velan por la legalidad en Cuba.
La historia tiene esas vueltas hermosas: donde empezó un estudiante, hoy se levanta un gremio. Lo que nació como el «Día del Abogado» se transformó, bajo el pulso de los nuevos tiempos, en el «Día del Trabajador Jurídico». Un nombre que suena a justicia colectiva, porque reconoce que la ley no se sostiene solo por el letrado en su estrado, sino por cada mano que auxilia, que gestiona y que, con paciencia, construye el tejido legal de la nación.
Hoy, no solo se entregan diplomas o premios; se honra una tradición. Es el reconocimiento a quienes, con más de tres décadas de servicio o con la energía de los nuevos resultados, entienden que el Derecho no es un conjunto de artículos fríos, sino un compromiso vivo con la Patria.
Al ver hoy a los juristas cubanos celebrando, uno comprende que el legado de «El Mayor» sigue vigente. No solo en los libros de historia, sino en cada consulta, en cada dictamen y en cada esfuerzo por hacer de la justicia un bien común. Es una jornada para recordar que, detrás de cada ley, hay un trabajador que, como Agramonte hace 161 años, sigue apostando por la razón y el principio como las herramientas más poderosas para edificar el futuro.
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