La Ley 162/2023 no es solo un cuerpo legal; es el resultado de un largo y complejo proceso de gestación que culminó con su entrada en vigor en octubre de 2024. Tras años de debates, consultas populares y un intenso trabajo académico y gremial, esta normativa se erige como un intento ambicioso de ordenar y potenciar el ecosistema comunicativo cubano en un momento histórico desafiante.
**Un diseño con vocación inclusiva**
Lo más destacable de esta Ley es su base participativa. Al nacer de un proceso de construcción colectiva, la norma intenta reflejar las demandas de diversos sectores de la sociedad, desde la academia hasta el ciudadano común. Su enfoque no se limita a la regulación técnica, sino que se proyecta hacia la educación mediática, la transparencia en la gestión pública y la defensa de los valores identitarios de la nación. Es, en esencia, una apuesta por institucionalizar el diálogo y el consenso en la esfera pública.
**Desafíos en un contexto adverso**
Es innegable que la implementación de esta Ley ocurre bajo condiciones extraordinarias. La «guerra multidimensional» y las limitaciones económicas que enfrenta el país actúan como una presión constante sobre el sistema de comunicación. En este escenario, la Ley se presenta como una herramienta de resistencia y soberanía, buscando que el uso de Internet y los medios sea un vehículo de inclusión y no de fragmentación.
**El reto de la apropiación social**
Más allá de la letra jurídica, el éxito de la Ley 162/2023 dependerá de su apropiación por parte de la ciudadanía. El texto reconoce con honestidad que aún falta mucho por dialogar. El mayor reto no es solo el cumplimiento administrativo, sino que cada cubano comprenda que la comunicación social es un derecho y una herramienta de participación activa. La Ley deja de ser un documento estático para convertirse en un proceso vivo: el desafío reside en cerrar la brecha entre la norma y la práctica cotidiana, logrando que el sistema de comunicación sea, efectivamente, un reflejo fiel de la Cuba que se construye «con todos y para el bien de todos».
En conclusión, estamos ante un punto de partida fundamental. La Ley de Comunicación Social es un marco necesario que nos invita a repensar cómo nos informamos, cómo nos relacionamos y, sobre todo, cómo construimos nuestra realidad común en la era digital.
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