Esta semana, del 21 al 27 de septiembre de 2026, no es una semana cualquiera. Estamos viviendo un momento histórico, una coyuntura donde la celebración y la reivindicación se dan la mano de una manera única. Nos encontramos en el corazón de la Semana Internacional de las Personas Sordas, y este año el calendario nos regala una coincidencia poderosa: celebramos dos décadas desde que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) vio la luz. Veinte años de un tratado que, ratificado por 192 países, puso sobre el papel algo que nunca debió ser cuestionado: la dignidad, la igualdad y el reconocimiento pleno de la cultura sorda y sus lenguas.
Sin embargo, hacer una pausa para conmemorar no es suficiente si no nos detenemos a reflexionar sobre la brecha que aún existe entre la ley y la realidad. Como bien subraya la Federación Mundial de Sordos, hay una máxima que deberíamos tatuarnos en la conciencia colectiva: «No hay Derechos Humanos sin derechos lingüísticos». Esta frase, tan corta como contundente, es el motor de cualquier llamado a la acción real.
A menudo, cuando hablamos de accesibilidad, nos limitamos a pensar en rampas o señalética. Pero para las personas sordas, la accesibilidad va mucho más allá de lo físico; es, ante todo, una cuestión de comunicación. Garantizar el uso de su lengua natural —la lengua de señas— en todos los ámbitos de la vida (hospitales, juzgados, escuelas, oficinas públicas) no es un favor, ni una medida de cortesía. Es un derecho fundamental. Cuando una persona sorda llega a una institución y no encuentra un intérprete, o cuando se le niega la educación en su propia lengua, estamos vulnerando sus derechos humanos más básicos. Le estamos diciendo que su cultura, su forma de ver y entender el mundo, es secundaria.
Las personas sordas no son «personas con una carencia», sino miembros de comunidades lingüísticas y culturales vibrantes, ricas y resilientes. Proteger sus derechos es, en última instancia, proteger la diversidad que nos define como especie humana. La homogeneidad es el enemigo de la riqueza cultural, y al excluir a la comunidad sorda de la conversación pública, nos estamos empobreciendo todos.
Por eso, mi llamado hoy no es solo a la empatía —que siempre hace falta—, sino a la acción concreta. ¿Qué podemos hacer? Primero, educarnos. Aprender sobre la cultura sorda, entender que la lengua de señas no es una «ayuda», sino un idioma completo con su propia gramática y sintaxis. Segundo, exigir. Como ciudadanos, debemos pedir a nuestros gobiernos y empresas que la accesibilidad sea una prioridad real, no un apartado en una página web. Tercero, visibilizar. Que este aniversario sea un altavoz para que las demandas de la comunidad sorda lleguen a todos los rincones.
En este 2026, no miremos hacia otro lado. Celebremos los avances, sí, pero con la mirada puesta en lo que falta por recorrer. Hagamos que este aniversario número 20 de la CRPD sea el punto de inflexión donde, por fin, entendamos que la inclusión no es el destino, sino el camino que debemos recorrer todos juntos. La lucha por los derechos lingüísticos es la lucha por la libertad de expresión de millones de personas. ¡Es hora de que sus voces, expresadas a través de sus manos, sean escuchadas y respetadas en todos los niveles!
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