La economía doméstica en Cuba atraviesa hoy uno de sus momentos más complejos. En este escenario, la implementación de precios topados (precios máximos de venta establecidos por el Estado para productos y servicios de primera necesidad) surge como una medida de protección social necesaria para frenar la inflación galopante. Sin embargo, la realidad que se vive en los mostradores, carretillas y puntos de venta dista mucho de lo que dictan las resoluciones oficiales.
La violación de los precios topados no es solo una infracción administrativa; es, en esencia, un ataque directo al bolsillo del trabajador, del jubilado y de las familias más vulnerables. Cuando un comercializador decide ignorar el tope establecido, está ejerciendo una forma de violencia económica. El argumento suele ser siempre el mismo: «el costo de adquisición es muy alto» o «la mercancía está escasa». Si bien es cierto que los costos de producción y transporte han subido, también es innegable que existe un margen de especulación que busca el enriquecimiento rápido a costa de la necesidad ajena.
Un fenómeno crítico derivado de esta violación es la retención de productos. En cuanto se anuncia un tope de precio, mágicamente el producto desaparece de la vista pública para reaparecer en el mercado informal, a puertas cerradas o por canales digitales, a precios que duplican o triplican el tope legal. Esto crea un círculo vicioso donde el tope se convierte en una cifra «fantasma»: existe en el papel, pero no en la vida real.
La crítica aquí debe ser bidireccional. Por un lado, hacia el comerciante que carece de ética y solidaridad social; pero por otro, hacia los mecanismos de control. No basta con emitir un decreto; el control popular y la inspección estatal deben ser constantes, incorruptibles y efectivos. Un cuerpo de inspectores que no llega a la base o que es permisivo, es cómplice de la inflación que asfixia al pueblo.
Un ejemplo real: El precio del transporte privado (Los «Boteros»)
Para ilustrar esta situación, miremos hacia el sector del transporte privado de pasajeros, un servicio vital para quienes se desplazan entre municipios o hacia la capital.
Supongamos que el Consejo de la Administración Provincial establece un precio topado de 100 pesos para un tramo específico. Sin embargo, al caer la tarde, o cuando la demanda sube en las horas pico, el transportista informa al pasajero que el costo es de 200 o 300 pesos.
¿Cuál es la estrategia para violar el tope sin ser detectado? El chofer suele decir que «no llega al destino final» y cobra el tramo completo por solo una fracción del camino, obligando al pasajero a tomar dos o tres transportes diferentes para llegar a su destino, pagando en cada uno el tope máximo. Al final, el ciudadano termina pagando el triple de lo establecido por ley. Si el pasajero protesta, la respuesta es lapidaria: «Si quieres te montas, si no, espera la guagua». Esta prepotencia nace de la impunidad y de la certeza de que el ciudadano, ante la urgencia de llegar a su hogar o trabajo, terminará cediendo al chantaje.
La violación de precios no se resuelve solo con multas, aunque estas deben ser ejemplarizantes. Se requiere una gestión económica que garantice mayor oferta, pero sobre todo, se necesita un despertar de la conciencia ciudadana. El cliente debe exigir sus derechos y denunciar, y el vendedor debe comprender que la especulación excesiva termina destruyendo el tejido social del que él mismo forma parte.
En última instancia, el respeto a los precios topados es una cuestión de decencia y legalidad. Un país que aspira a la justicia social no puede permitir que el mercado se convierta en una selva donde solo sobrevive el que tiene más, mientras la mayoría trabajadora ve cómo sus ingresos se vuelven sal y agua ante la mirada impune de los especuladores.
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