La proliferación de negocios de Trabajadores por Cuenta Propia (TCP) que rechazan billetes de baja denominación, o imponen límites a su aceptación, representa una preocupante tendencia que dificulta el acceso a bienes y servicios esenciales para la población. Esta práctica, que se ha vuelto cada vez más común, contradice el espíritu de la bancarización y genera una injustificada barrera económica, especialmente para aquellos con menores recursos.
Les cuento que hace unos días -el sábado para ser más específico- como muchos después de percibir el salario en mi centro laboral, me dispuse ha realizar las compras alimenticias para las venideras semanas. Al acercarme al antiguo «Bar Fenix», hoy a uno de los tantos puntos de ventas -que gracias a las nuevas regulaciones existen- solicité que se me vendiera un pomo de aceite, cuyo valor ya de por sí está bastante exagerado para lo que cobramos muchos $990, pero ya eso es tela para otro comentario. El caso es que me iba a realizar el pago y cuanto le cuento a la dependiente el dinero, me dice que en billetes de a 20 sólo me puede aceptar 400 pesos, enseguida le respondí que era en lo que me habían pagado y su respuesta fue que no me lo podía vender.
En un contexto donde la obtención de efectivo se ha vuelto una tarea compleja y los bancos suelen entregar billetes de baja denominación, la negativa de los TCP a aceptar estos billetes resulta paradójica y perjudicial. Es inaceptable que, en nombre de la eficiencia o la comodidad, se obstaculice el acceso a productos de primera necesidad como alimentos y artículos de aseo.
Esta conducta no solo erosiona la confianza en el sector privado, sino que también plantea serias interrogantes sobre la regulación y supervisión de estas prácticas. ¿Qué medidas se están tomando para garantizar que los TCP cumplan con las normas de aceptación de la moneda nacional? ¿Cómo se protege a los consumidores de estas arbitrariedades?
Creo que es imperativo que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y establezcan mecanismos claros y efectivos para evitar que esta situación continúe perjudicando a la población. Se deben promover campañas de concientización, fortalecer la fiscalización y sancionar a aquellos que incurran en estas prácticas abusivas.
En definitiva, la aceptación de billetes de baja denominación no solo es una obligación legal, y no porque lo diga yo en este comentario, es porque así está dispuesto; todos están obligados por ley a aceptar todos los billetes y monedas de curso legal. Además que contribuye a la equidad social y al bienestar colectivo.
Desde mi punto de vista creo que no podemos permitir que la búsqueda de ganancias individuales obstaculice el acceso a bienes y servicios esenciales para la vida diaria, al final (como dicen muchas personas mayores) sea de la cifra que sea el dinero, es dinero.
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