San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba. – Del 8 de septiembre al 30 de noviembre se desarrollará el proceso de discusión del anteproyecto de Código de Trabajo con los colectivos laborales de nuestra localidad y del país.
Este hecho constituye un hito en la participación de trabajadores y trabajadoras, pues tendrán la oportunidad de expresar de manera directa sus opiniones sobre la norma que regulará sus derechos y deberes.
El anteproyecto del Código de Trabajo está precedido de un estudio profundo de legislaciones de la región, de la doctrina laboral y de las normas internacionales que influyen en la protección de los trabajadores.
La Declaración de Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo de la OIT, por ejemplo, tiene aplicación universal y se incorpora como referente.
Un elemento clave es la actualización de la legislación laboral en correspondencia con la Constitución de 2019, lo cual da coherencia y legitimidad al nuevo texto. Además, se moderniza la estructura del Código, que ahora se organiza en Libros, Títulos, Capítulos y Secciones, permitiendo localizar de manera más rápida lo que se necesita consultar.
El anteproyecto también se nutre de políticas nacionales que apuntan a la equidad y la justicia social, como el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, el programa “Color cubano” contra la discriminación racial, y el Macroprograma “Desarrollo Humano, Equidad y Justicia Social”. Esto demuestra que el nuevo Código no surge de forma aislada, sino en sintonía con estrategias de mayor alcance.
El anteproyecto introduce cambios significativos en temas sociales. Entre ellos: se eleva la edad laboral de 17 a 18 años con plenos derechos, reforzando la protección contra el trabajo infantil y garantizando condiciones justas a los adolescentes de 15 a 18 años.
No se limita a la protección especial a la mujer trabajadora en su condición de madre, sino que incorpora un enfoque de género que permite conciliar trabajo y familia, otorgando facilidades como licencias, trabajo a domicilio y teletrabajo.
Se articula con el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida (Decreto 109/2024), reconociendo la necesidad de corresponsabilidad social en el cuidado de menores, personas con discapacidad y adultos mayores.
Este enfoque social del Código demuestra que el trabajo no puede entenderse aislado de la vida familiar ni de las responsabilidades comunitarias. Es un avance hacia un modelo de desarrollo que reconoce los cuidados como un derecho y una tarea compartida.
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