La Fiscalía General de la República presentó acusación formal contra Alejandro Gil Fernández, exviceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, junto a otros implicados, por una decena de delitos graves que incluyen espionaje, malversación y tráfico de influencias.
El proceso judicial se activó tras concluir una investigación penal supervisada por el Ministerio del Interior.
De acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía General de la República, la pesquisa se ajustó al Artículo 156 de la Constitución y garantizó el debido proceso.
Una vez finalizadas las diligencias, el organismo ejerció la acción penal pública y remitió el expediente al tribunal competente.
Entre los cargos solicitados figuran espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de normas de protección de documentos clasificados, y sustracción o daño de objetos en custodia oficial.
De acuerdo con el comunicado oficial, la Fiscalía representa al Estado en la causa y busca establecer responsabilidad penal por cada uno de estos ilícitos.
En febrero de 2024, el Consejo de Estado liberó a Gil Fernández de sus responsabilidades como vice primer ministro y ministro de Economía y Planificación.
Sin embargo, un mes después, en marzo de ese mismo año, un comunicado de presidente Miguel Díaz-Canel anunció que se habían determinado “graves errores cometidos” por Gil Fernández, en el desempeño de sus funciones.
“Teniendo en cuenta el nivel de verificación de los hechos, y a propuesta de la Fiscalía General de la República, el Buró Político del Comité Central del Partido y el Consejo de Estado, aprobaron que los órganos competentes del Ministerio del Interior iniciaran las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento total de estas conductas”, indica el mandatario en su nota oficial.
El mensaje, difundido por el diario Granma, agregaba que, desde el mismo inicio de esas actuaciones, el implicado había “reconocido graves imputaciones y, en consecuencia, renunció a su condición de miembro del Comité Central del Partido y de Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular”.
“La dirección de nuestro Partido y Gobierno nunca ha permitido, ni permitirá jamás, la proliferación de la corrupción, la simulación y la insensibilidad”, afirmó entonces Díaz-Canel.
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