Mentiras y violencia ¡No! 

Desde hace años, la política comunicacional de Cuba está enmarcada en el desarrollo de las plataformas digitales como un importante canal de comunicación y de interacción entre los ciudadadanos.  Sin embargo, a la par de la promoción del servicio en el país, Cuba ha sido enfática en condenar su empleo para desinformar, incitar al odio y la violencia, como ha sucedido reiteradamente mediante brutales campañas enemigas. 

Las plataformas de redes sociales, amigo lector, han quebrantado sus propias normas al permitir mensajes de odio, también se han detectado transmisiones de  estaciones de radioaficionados con contenidos que estimulan el desorden público y la violencia en el país. Para lograr una ciberseguridad, el gobierno cubano respaldó estas acciones con el Decreto-Ley 35 de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y del uso del espectro radioeléctrico.

¿Y sabe amigo mío? La ciberseguridad que se pretende lograr con este Decreto-Ley no es privativa de Cuba. Otros países también han tomado decisiones como esta para la protección colectiva. Entonces, tachan de atentado contra los derechos humanos el Decreto 35 en Cuba, que opera prácticamente en todos los países para luchar contra las cibermentiras. 

Los recientes ataques a escala global han puesto de manifiesto el tema de la ciberseguridad, pues se ha demostrado que, de no usarse mecanismos eficientes para luchar contra estas falsas informaciones, se puede paralizar un país. Brasil, Jamaica, Uruguay, Trinidad y Tobago, Colombia y otros, aplican medidas contra amenazas de ciberseguridad. Mientras que Israel, Finlandia y Suecia son los países más avanzados en seguridad informática. 

Por lo tanto, usted debe comprender que el Estado Cubano posee las herramientas necesarias para preservar su seguridad, igual que lo hace el resto del mundo. También le asiste el derecho irrenunciable y soberano de regular las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales desempeñan un papel significativo en el desarrollo político, económico y social de nuestro país.

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