Apoya fundación Ariguanabo declaración sobre el comercio ilegal de especies silvestres en Cuba

La captura, recolección, uso y comercio ilegal de especies de la vida silvestre es una preocupación constante de diversas organizaciones ambientalistas en Cuba.

Recientemente, la Sociedad Cubana de Zoología, de conjunto con la Sociedad Cubana de Botánica y las fundaciones Ariguanabo y la Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, emitieron una declaración acerca del comercio ilegal deespecies silvestres en el país, publicada en la Revista Cubana de Ciencias Biológicas.

Pronuncia la preocupación por este fenómeno que tiene graves impactos negativosen las poblaciones de la biota nativa, endémica y amenazada, así como las afectaciones a la fauna migratoria, los procesos ecológicos y las modificaciones de los hábitats con los cambios funcionales y estéticos en los ecosistemas.

Insiste en las consecuencias ecológicas de estas prácticas, tales como la aparición de enfermedades infecciosas emergentes, por ejemplo, la dispersión y propagación de plagas en ecosistemas agrícolas, de interés para la salud pública humana y animal.

El documento enuncia el compromiso del Estado Cubano por la protección de sus recursos naturales, y en especial de la flora y la fauna del país y la región. Esto está avalado por diferentes acuerdos y convenios suscritos: el Convenio de Diversidad Biológica desde la Cumbre de Río en 1992, la Convención de Especies Migratorias, la Convención sobre el Comercio Internacional de la Fauna y la Flora Amenazadas, el Protocolo relativo a las Áreas y la Flora y la Fauna Silvestres Especialmente Protegidas de la Región del Gran Caribe, el Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los Recursos Genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización.

Cuba dispone de una legislación ambiental contemplada en el Decreto Ley 81/1997 amparando la Resolución 160 /2011, que contiene las principales regulaciones para el control y protección de especies significativas para la diversidad biológica en el país; el Decreto Ley 136/1993 “del Patrimonio Forestal y de la Fauna Silvestre” relativo a las “Contravenciones de las Regulaciones sobre el Patrimonio Forestal y de la Fauna Silvestre”, precisa.

Destaca el texto que la protección de la vida silvestre es uno de los objetivos incluidos en la Estrategia económica y social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19 y el apego irrestricto a una política ambiental activa en armonía con el ordenamiento social del país.

Los representantes de las organizaciones apoyan el Plan Gubernamental para la prevención y el enfrentamiento de los delitos e ilegalidades que afectan los bosques, la flora y la fauna silvestre, así como otros recursos naturales.

Se comprometen además a acompañar a las autoridades para fortalecer los mecanismos necesarios y contribuir a la prevención, combate y erradicación de la captura, recolecta y comercio ilegal de especies de la vida silvestre, mediante el diseño de estrategias para la vigilancia, detección y denuncia de estos hechos, así como la aplicación rigurosa de la legislación y disposiciones jurídicas.

La declaración valida el interés de promover, a través de todas las vías y medios disponibles, a escala local, provincial y nacional, el fomento de una cultura conservacionista de la biodiversidad como uno de sus valores éticos fundamentales. Ofrecen gran valor a enriquecer los conocimientos de la población, divulgar los resultados de investigaciones científicas e Incrementar las acciones de capacitación a todos los niveles de la sociedad.

El doctor Giraldo Alayón, Presidente de la Fundación Ariguanabo, insiste en la necesidad de cumplimentar los elementos de esta declaración en San Antonio de los Baños.

Del autor:

Adián Acevedo González

Periodista y Jefe de Redacción de la Emisora Radio Ariguanabo