Bien lo refiere el refrán: “cuentas claras conservan amistades” y en términos de legalidad es válido aclarar. Sucede que muchas veces la tramitación pasa a ser de un proceso al servicio del pueblo a una verdadera muestra de burocracia, ineficiencia laboral y desinformación.
Ante dichas negativas, hay quienes prefieren asumir procesos por su propia cuenta sin importar las consecuencias que trae para sí.
Ante el déficit del fondo habitacional, por ejemplo, y las pocas posibilidades que impulsan un programa de la vivienda como lo exigen estos tiempos, las personas incumplen legislaciones puntuales que luego se revierten en multas y amonestaciones. Tras la demora de un documento inician la construcción de las obras, derrumban y levantan paredes, cambian la estructura interna de los hogares, y en el peor de los casos utilizan terrenos de forma ilegal para edificar habitables. ¿Cómo saber quién tiene la razón o quién es el culpable?
No es primera vez que el tema de la legalidad se trata en nuestros espacios. Existe tanta responsabilidad de una parte como de la otra, pero recordemos que cívicamente somos individuos con deberes y derechos que se deben cumplir. Asumir por nuestra cuenta autorizos que corresponden a instancias superiores no es del tono beneficioso; la aprobación de un equipo multidisciplinario en estos temas es fundamental pues un paso en falso puede provocar serios problemas.
Conozco el caso de personas que en edificios cambian los interiores, fundamentalmente en las paredes. Cualquier arquitecto sabe que ello puede provocar el colapso de la edificación, pues su construcción inicial trascurrió por un análisis previo de factores. Si estos cálculos o mediciones se transforman las posibilidades de presentar problemas son muy frecuentes. Entonces para qué tomar decisiones si no somos especialistas. Pero repito, tras actos como esos tiene que presentarse el cuerpo de inspectores y supervisores de las direcciones encargadas. No se puede seguir pasando la mano cuando los tiempos que corren exigen dureza.
Los trámites a la población por su parte requieren de iguales responsabilidades. No podemos seguir aceptando esos “raticos desagradables” que nos hacen desangrar como si esa fuera la única preocupación. Así constatamos el cuño inadecuado, la firma desajustada, el código, los tomos…en fin, cuestiones inherentes al caso, que no nos competen como ciudadanos pero que nos afectan en una alta magnitud.
En mi opinión considero que corresponde a las direcciones encargadas de prestar algún servicio a la población, revisar sus estrategias de trabajo. Las colas no pueden seguir siendo el foco en nuestras calles, no se puede permitir que el ciudadano se entere que su servicio fue cancelado porque la especialista no vino ese día…tampoco poner trabas cuando la solución pueden resolverse con una llamada telefónica entre colegas o una información oportuna y fidedigna.
El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez nos está alertando sobre la atención a la población desde hace mucho. Tomemos el ejemplo de la vivienda como uno de los tantos que presentan ineficiencias hoy y busquemos soluciones más allá de las justificaciones. Servicio al pueblo es sinónimo de eficiencia, prontitud y buen trato… Si pusiéramos carácter en el momento justo y si dejáramos caer el peso de la ley como se debe, otro gallo cantaría.
Las ilegalidades nadie las aprueba, pero si pueden minimizarse y controlarse. De ambas partes corresponde actuar disciplinadamente; solo así desterraremos las malas experiencias que se fueron trasmitiendo por no tener un “alto” ante las negligencias. Cuba requiere de cambios. Comencemos por estas experiencias que no dejan de ser una preocupación.
