Desde que se anunció en el país el trabajo a desempeñar para lograr la protección al consumidor, en cada esquina centro laboral o en casa, al menos una vez por semana se habla del tema, el cual, si ponemos atención en ello, siempre existió pero se dejó de aplicar hace muchos años.
Hoy con la política que traza el Estado en beneficio de la población, se pone uno atento a todo lo concerniente al tema. Es cierto que no solo en San Antonio de los Baños, sino en todo el país, la ilegalidad en los establecimientos de comercio, sobrepasa los límites, dígase alteración de precios, o sencillmante artículos sin el precio, introducción de mercancía que no pertenece a la entidad, descontrol en cuanto los productos y su venta como se dice en buen cubano, “por la izquierda”. Esto es un mal que existe en todo el territorio nacional.
El papel de la auditoría en estos casos con todo el sistema de control arrojó estas ilegalidades y hoy se trabaja para enderezar caminos torcidos. A mi criterio, esperar por la llegada de los auditores para detectar las irregularidades no es necesario. Cada entidad conoce al dedillo el descontrol existente en sus áreas, ya sea en la tienda, bodega, carnicería o en la propia empresa.
El control constante, la aplicación de resoluciones, constancias, facturas, pagos, toda esa gama que entra en este tipo de trabajo, bien se puede llevar mejor si se aplica el rigor para no lamentar sanciones por no aplicar lo establecido. Dejar pasar y pasar, puede costar muy caro con las irregularidades.
Esta batalla en cada centro de comercio no es sólo del administrador de la unidad, los propios dependientes deben ser conscientes de su trabajo primero por respeto a sí mismo, segundo porque su trabajo es el servicio a su pueblo.