Las leyes y normas jurídicas se crearon para regular las diferentes acciones que se realizan en la sociedad. Una de las disposiciones legales en el territorio y en provincias como La Habana, Artemisa y Mayabeque se relaciona con la comercialización de productos agropecuarios. Se trata del decreto 318, un reglamento que involucra fundamentalmente en esta localidad, el quehacer de la Empresa Comercializadora de Productos conocida entre los pobladores como Acopio.
Las intensas lluvias vespertinas durante el verano han afectado un tanto la distribución de los alimentos, sobre todo aquellos que se cosechan mecánicamente como el boniato y la malanga.
Este mes por ejemplo, aún no se ha recibido ningún producto de agosto. En estos momentos existe un déficit de aproximadamente el 50 por ciento de la entrada de productos que están contratados con las cooperativas. Se contrataron 40 toneladas de malanga y 240 toneladas de boniato que no deben presentar dificultades en el transcurso del mes, según aseguran los responsables de este indicador en la Empresa Comercializadora.
En mi criterio, de cumplirse esto, se beneficiarán la Empresa Mercado Habana, pues se entregará una cifra para el consumo social en municipios capitalinos como el Cerro y Hospitales como el Pediátrico de Centro Habana y el Salvador Allende.
Aquí en nuestra localidad también se esperan productos en el Hospital General Docente Iván Portuondo, el Hogar Materno y la Casa de los Abuelos, centros priorizados del sector de la Salud Pública.
También se prevé reforzar la presencia de sorgo, empleado para consumo animal y que representa un encargo estatal a fin de sustituir importaciones.
De cualquier forma el decreto ley 318 continúa vigente. Se regula todo el proceso de comercialización en el territorio. Con lluvias o sin ellas pienso que los responsables deben cumplir lo legislado, pues la alimentación de pueblo no entiende de eventos meteorológicos, o imprevistos.
