El problema de la salud, la educación y la vivienda fueron algunos de los aspectos que formaron parte del Programa del Moncada, a partir del alegato de defensa del Fidel Castro, inmediatamente del asalto el 26 de julio de 1953, el líder señaló que adoptaría medidas luego de la toma del poder político y así fue.
El 14 de octubre de 1960 se promulga la ley de Reforma Urbana, la cual beneficiaría a la población, que vivía en condiciones precarias. La nueva ley benefició a más de setecientas cincuenta mil familias en toda la isla al pasar a ser propietarios quienes las ocupaban como arrendatarios.
La falta de viviendas era una de las necesidades más apremiantes en Cuba. Al triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959, se suspendieron de inmediato los desahucios de inquilinos, en espera de una Ley que los amparara definitivamente de los abusos cometidos por los casa tenientes, con la complicidad de la policía y los tribunales.
Pocos meses después se dispuso que los propietarios de los solares yermos vendieran forzosamente, a un precio razonable fijado por el Gobierno, las áreas adecuadas para construir viviendas, liquidando así la especulación con los terrenos en las ciudades y se viabilizaba la construcción de inmuebles.
Posteriormente se creó el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda, con un ambicioso plan de edificación de casas, y se aplicó una rebaja sustancial en el pago de los alquileres, medida acogida con gran entusiasmo por la población.
A partir de la promulgación de la Ley de Reforma Urbana, la inmensa mayoría de los cubanos se hizo propietaria de sus viviendas, abonando reducidos pagos por el alquiler hasta amortizar el costo del inmueble, en un plazo comprendido entre cinco y 20 años, según el año de fabricación, haciéndose realidad un viejo sueño de los inquilinos en todo el país.
