La política laboral en Cuba tiene como aspecto esencial la responsabilidad en la formación de los recursos humanos, y la ubicación de los recién graduados, tanto de los centros politécnicos como de la enseñanza superior.
Se procura que esta ubicación sea similar en todos los jóvenes, lo cual es un proceso complejo donde intervienen las instituciones formadoras de fuerza de trabajo calificada, los organismos asesores de las carreras, así como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Sin embargo, cada vez se experimenta más una inconformidad de muchos jóvenes con la ubicación que se les oferta; unos porque creen que está por debajo de sus capacidades, otros porque no está cerca de su hogar y tienen que dar los viajes a la capital, por ejemplo, todos los días.
Ellos deben tener en cuenta que el principio fundamental de este proceso es proponer una ubicación acorde con las necesidades económicas y sociales del país y su municipio.
La mayoría se cambia de dirección a finales del cuarto año o en quinto para tratar de asegurar su plaza en sitios de mayores comodidades y perspectivas.
Como todos conocen, la etapa del servicio social es de tres años para las mujeres y dos para los varones. Constituye un período de adiestramiento que puede variar de seis meses a dos años, según las especificaciones de la Ley 73.
En mi opinión, los egresados deben cumplir este aporte al país que los formó como profesionales. Luego, están en el derecho de cambiar su centro laboral.
Pienso que las medidas propuestas por el estado cubano para los que terminamos la vida estudiantil, lejos de perjudicarnos, nos favorecen.
En la actualidad se demanda un número elevado de personal para los servicios, sectores productivos, energéticos y de transporte. Si es preciso reorientar los conocimientos en función de estos quehaceres, los jóvenes debemos estar dispuestos a ponerlos en marcha. Esa es la clave para avanzar.
