Mercado Agropecuario
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San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba -La comercialización de productos agrícolas es de los temas más llevados y traídos por la población cubana, por su incidencia directa en la mesa familiar.
Hace algunas semanas, en un trabajo realizado acerca del actual estudio por el Estado cubano del Decreto Ley 259 y sus posibles modificaciones, la funcionaria entrevistada refirió que se esperan cambios inmediatos en este tipo de comercialización porque el mecanismo vigente no estimula al productor ni protege al consumidor.
Pudiéramos agregar que tampoco favorece a la economía nacional. ¿A dónde va a parar, entonces, lo recaudado por quienes venden esos productos? Debe ser al mismo sitio donde concurren otras personas que no cumplen con la Ley 73 del tributo al fisco. Más de una vez hemos alertado al respecto y continuaremos haciéndolo.
Pero en esta ocasión lo que más nos inquieta es el aporte a la economía ariguanabense, por un concepto que estipula el impuesto del cinco por ciento sobre las ventas al sistema de la agricultura. Hemos conocido que no se cumple o se hace deficientemente a partir del expendio directo de los productores a la población. Pareciera que es una ventaja para la ciudadanía, pero no es así.
Debía existir una contratación con el Ministerio de Comercio Interior, MINCIN, para que San Antonio de los Baños regulara de algún modo el mecanismo y recibiera los aportes, que permitirían desarrollar planes de beneficio social.
La realidad de hoy es bien distinta. Quienes producen muchas veces prefieren vender fuera del municipio para exigir precios favorables. Otros compran en el mercado estatal para luego revender, lo que tampoco hace más feliz el momento de sentarse la familia a la mesa y, mucho menos garantiza que se contribuya con el aporte al fondo estatal.
No hay dudas de que la agricultura continúa siendo un problema para la economía del país. También lo es para el territorio ariguanabense. Urge fomentar y estimular de algún modo un sistema con mayor participación de los productores en sus comercios. El desarrollo local lo necesita y no solo por concepto de productos del agro, aunque sean los que más afecten a todos.
Pero de nada servirá cualquier medida, si no se regula el precio oficial para impedir este nocivo hábito de comprar y luego revender a la población. Como dijimos al inicio, el Estado cubano estudia qué hacer, pero aun no se han concretado las disposiciones que normarán inteligentemente el sistema de oferta demanda.
Lo cierto es que no se controla debidamente la situación y se escapa hacia muchos bolsillos, algo que debiera ingresar liquidez a la economía de todos.
