El Decreto Ley 259 aprobado hace cuatro años abrió caminos para incrementar la producción agropecuaria en el país. Sin embargo a nivel de los territorios durante esta etapa hubo que corregir errores y adoptar medidas con usufructuarios que a pesar de los pasos de avance, ponían la tierra a producir, tal y como lo establece la legislación.
Por suerte los incumplidores siempre fueron minoría y los resultados alentadores que ahora se aprecian en un incremento productivo que conllevó la aprobación del nuevo decreto ley 300 que posibilitará hacer un mejor uso de la tierra y de su potencial productivo.
Las nuevas medidas corrigen las limitantes que tenía el anterior, se podrán poner en explotación 975 mil hectáreas para el incremento de la producción de alimentos agropecuarios, abriéndose un escenario mucho más amplio, al perfeccionar las medidas que se han ido tomando.
Para estas modificaciones se tuvo en cuenta tres propuestas fundamentales planteadas por la población, hechas durante la consulta de los Lineamientos en el proceso de análisis previo al Congreso del Partido. Son ellas: la necesidad de ampliar el área que se entrega, porque tienen capacidad para explotarla; la continuidad del beneficio del usufructo por parte de la familia en caso de imposibilidad físicas parcial o total o fallecimiento del usufructuario; y la necesidad de poder construir vivienda u otras instalaciones dentro de las tierras para mejor atender la producción con carácter de bienhechurías.
Se otorgarán usufructos a personas naturales y jurídicas, por 10 años prorrogables a las primeras y las restantes por 25 años, igualmente prorrogables por igual término. Las personas deben tener vínculo laboral —incluidos los trabajadores por cuenta propia— y deben garantizar la atención del área cultivable con su trabajo, apoyados en familiares o trabajadores permanentes o contratados eventuales en tiempo de cosecha.
Estas personas que reciben tierras en usufructo estarán vinculadas, por una relación contractual con otras formas de producción agropecuaria, que hasta ahora solo eran las Cooperativas de Créditos y Servicios, y con el Decreto Ley 300 se amplía a granjas estatales con personalidad jurídica, Unidades Básica de Producción Cooperativa (UBPC), y Cooperativas de Producción Agropecuarias y UBPC, próximas hasta cinco kilómetros de las tierras entregadas en usufructo. Esto facilita recibir insumos y servicios y comercializar sus productos, como parte del ordenamiento de la tierra. Se podrán entregar hasta cinco caballerías, equivalente a 67,10 hectáreas, para cría de animales, cultivos y el desarrollo de formas de explotación forestal, esta última hasta ahora solo realizada en las tierras estatales.
Pienso que el Decreto Ley 300 abre un nuevo camino para garantizar la producción agropecuaria y forestal, su continuidad y la sostenibilidad de la explotación de las tierras cultivables. Sin dudas es un avance desde el punto de vista legal para quienes trabajan por incrementar en la producción de granos, carne de cerdo y leche para sustituir importaciones y apoyar la alimentación del pueblo.